Qué pasos hay que dar para instalar un punto de recarga para coches eléctricos en un garaje comunitario y ayudas disponibles para hacerlo

Una de las principales dudas que nos surgen cuando nos planteamos comprar un coche eléctrico es cómo y dónde cargarlo, y si esto no puede convertirse en un problema para nosotros.

Es cierto que ya podemos encontrar en las calles de algunas ciudades puntos de recarga instalados por los Ayuntamientos, y también en algunos garajes públicos, pero son claramente insuficientes, así que, independientemente de dónde tengamos nuestra residencia, resulta imprescindible poder contar con un punto de recarga en la propia plaza de garaje.

En el caso de los edificios de nueva construcción, la legislación (Real Decreto 1053/2014) establece que en los garajes comunitarios de edificios de viviendas debe haber una preinstalación, es decir, una conducción común, que permita hacer derivaciones hacia las diferentes plazas de garaje con facilidad. En estos casos, la tarea de instalar el punto de recarga en la plaza se simplifica bastante, y  hace que los costes sean más que asumibles.

En cualquier caso, al tratarse de una legislación muy reciente, la realidad es que la mayoría de los garajes comunitarios disponen, como mucho, de enchufes que son de la comunidad, de manera que realizar esa derivación que  permita  disponer de una toma de corriente en propiedad para la plaza de garaje, que permita instalar ahí el punto de recarga, se convierte en una tarea un poco más complicada y con un coste un poco mayor.

Es cierto que el coste de realizar este tipo de derivaciones no es excesivo, y su precio, que suele oscilar entre los 1.000 y 1.600€, depende fundamentalmente de las dificultades que se puede encontrar el profesional electricista para realizarla, algo que depende de la estructura y el tipo y disposición de las instalaciones del edificio.

Ahora bien, desde el legislador se ha intentado simplificar al máximo el proceso de solicitud de instalación de un punto de recarga, y desde el punto de vista técnico se ofrecen diferentes soluciones que se adaptan, prácticamente, a todas las necesidades.

Solicitud para realizar la instalación

Para facilitar la instalación de este tipo de puntos de recarga, en 2009 se aprobó la Ley 19/2009, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, que en su artículo tercero modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que no haya que someter la instalación a la aprobación de una junta de propietarios.

En principio, y salvo que las obras de instalación obliguen a intervenir sobre elementos comunes o estructurales, bastará con informar por escrito de que se va a realizar la instalación al presidente de la comunidad o al administrador de la finca de manera oficial. Es conveniente, en cualquier caso, guardar copia del documento con fecha y sello o firma.

Quién costea la instalación

Procedimiento para realizar la inscripción en el Registro de la Propiedad de una vivienda no inscrita

Aunque se sale de lo habitual, la transmisión de viviendas no inscritas en el Registro de la Propiedad es algo que sucede con cierta frecuencia. Este tipo de transmisiones pueden ser consecuencia de una compraventa o como consecuencia de una herencia, especialmente en las zonas rurales, donde una determinada finca o vivienda puede haber pertenecido a una misma familia durante varias generaciones, sin que nadie se haya preocupado de realizar la inscripción o de continuar la cadena de inscripciones, en el caso de que ésta se hubiera inscrito en algún momento.

Efectivamente, este tipo de transmisiones son perfectamente legales y, en principio, no debería haber ningún problema, si se realizan los trámites necesarios para formalizar la compra y pagar los impuestos correspondientes.

Ahora bien, aunque realizar la inscripción en el Registro de la Propiedad es un acto voluntario, lo consideramos absolutamente recomendable, independientemente del uso que se le vaya a dar, ya que ofrece seguridad jurídica a los propietarios y posibles futuros compradores de la propiedad, y puede evitar una gran variedad de  inconvenientes futuros.

Consecuencias de no inscribir una vivienda en el Registro

Barreras Arquitectónicas en Comunidades de Propietarios

La eliminación de barreras arquitectónicas es una obligación que afecta a los edificios de viviendas ya construidos

Una de las medidas fundamentales para garantizar la completa integración de las personas discapacitadas en nuestra sociedad es eliminar las barreras arquitectónicas que les impiden acceder a determinados espacios, tanto públicos como privados.

La normativa de accesibilidad ya se aplica desde hace años para que todas las nuevas construcciones y urbanizaciones garanticen el acceso, paso o entrada a cualquier lugar o actividad, sin limitación alguna por razón de discapacidad.

Pero qué ocurre con los edificios ya construidos antes de que existieran este tipo de normas que garantizan la accesibilidad arquitectónica.

La propia normativa establece un plazo para aplicarla que finaliza el 4 de diciembre de 2017, fecha en la que todos los edificios de viviendas existentes  y espacio públicos urbanizados tendrán que haber realizado todos los ajustes necesarios, siempre que se puedan implantar de manera razonable, para garantizar que son accesibles para personas con cualquier tipo de discapacidad.

Así lo establece el Capítulo V del Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Y esto implica que todos los edificios de viviendas que no cumplan con la normativa de accesibilidad deberán estudiar si es posible realizar los ajustes que establece la ley y realizar las obras para cumplir la normativa antes de dicha fecha.

En caso de que no se adopten las medidas de ajuste razonable para cumplir con las exigencias de accesibilidad, la ley, en su artículo 81, establece que se considerará una infracción grave que puede ser sancionada hasta con 90.000 euros de multa.

Pero qué es ajuste razonable.

Ajuste razonable

Web de Clausulas Abusivas en Contratos

El Órgano de Control de Cláusulas Abusivas (OCCA), creado por el el Consejo General del Notariado para reforzar la tutela notarial de los consumidores, ha creado una página web en la que se da información sobre las cláusulas declaradas abusivas por ley o tras sentencia judicial, y sobre los medios al alcance de los notarios para proteger jurídicamente los derechos de los consumidores y sobre los servicios notariales útiles para este fin.

La página, que también dispone de un enlace directo con el Registro de Condiciones Generales, a fin de facilitar el acceso y consulta del mismo por los particulares, tiene como objetivo ser una fuente de información tanto para las personas que están afectadas o creen estarlo por este tipo de cláusulas, como para todos aquellos que van a suscribir una hipoteca y desean saber si algunas de las condiciones que les impone la entidad financiera pueden considerarse abusivas.

Una de las aspectos más interesantes de la página es que no sólo recoge la legislación vigente y la  jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas abusivas, sino también las sentencias de las Audiencias Provinciales, los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia y El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas decisiones han resultado fundamentales para guiar el trabajo de los jueces nacionales, e incluso para impulsar cambios en las legislaciones nacionales con el fin de adaptarlas a las directivas comunitarias en materia de protección de los derechos de los consumidores.

Legalizar viviendas en la Comunidad Valenciana

Cambios en la legislación de la Comunidad Valenciana sobre viviendas ilegales

El Pasado 25 de julio las Cortes Valencianas dieron luz verde a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP), una norma que refunde cinco leyes (la Ley Urbanística Valenciana, la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley del Suelo No Urbanizable, y la Ley Reguladora de los Campos de Golf en la Comunitat Valenciana), y que pretende poner orden y claridad al complicado entramado legislativo por el que se regía el ordenamiento urbanístico de la Comunidad.

Aunque se trata de un texto legal largo y complejo, desde Servicios y Fincas nos gustaría destacar uno de los aspectos que más comentarios ha despertado, ya que ataja e intenta dar solución a un problema que afecta a la mayoría de los municipios de la Comunidad Valenciana, y de manera muy especial a los de la comarca de la Vega Baja, donde desarrollamos la mayor parte de nuestro trabajo: el de la existencia de núcleos de viviendas diseminadas en suelo no urbanizable común.

Viviendas ilegales construidas habitualmente en terreno rústico que, según la Asociación de Consumidores y Afectados de Urbanismo, que podrían llegar a ser cerca del 15% del total de las casas edificadas en la comarca, y que no pagan, dada su situación, ningún tipo de contribución ni tienen acceso a servicios tan básicos como el alcantarillado o el reparto de correo.

Para dar solución a este problema, la LOTUP plantea diferentes posibilidades.

Casas construidas antes de 1975