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Nuevo Fondo de Sostenibilidad Eléctrico

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Qué es el Fondo de Sostenibilidad Eléctrico que quiere aprobar el Gobierno y cómo afectara a la factura de la luz

El pasado mes de diciembre, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que conseguirá, según el propio Ejecutivo, abaratar la factura de la luz de los consumidores hasta un 13% en cinco años.

El fin de la norma es “evitar subidas en el precio de la electricidad”, favorecer el uso de la energía eléctrica frente aquellas dependientes de combustibles fósiles, como el petróleo o el gas natural, y “aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema” que permita que aumenten las inversiones en energías limpias.

Y para ello, se establece un nuevo sistema de financiación de los costes regulados de la electricidad, que ahora mismo asumen fundamentalmente los consumidores, a través de la factura de la luz.

La nueva norma se tramitará por el procedimiento de urgencia, con el fin de que entre en vigor lo antes posible. Esta urgencia se debe a que, según ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica, la actual normativa obliga a realizar un ajuste al alza de la parte regulada del recibo de la luz que supondría un incremento de entre un 10% y un 15% en el coste de la factura eléctrica, que el Gobierno quiere evitar.

Y aunque cualquier norma puede ser modificada durante su tramitación, las reacciones que ha provocado el texto, en general favorables, hace pensar que hay muchas posibilidades de que salga adelante sin demasiadas modificaciones.

Por qué este cambio legislativo conseguiría abaratar la factura de la luz

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Nueva Ley Hipotecaria, te interesa.

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Claves del Proyecto de Ley de Crédito Hipotecario a probado por el Gobierno

El pasado viernes, 3 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, que reforma la actual Ley Hipotecaria, y se inició el trámite parlamentario para una norma sobre cuyo texto se ha especulado mucho durante los últimos meses.

Con esta norma se realiza la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la  Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014 sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, en la que se establece cuáles son los derechos y obligaciones de consumidores y entidades de crédito, antes y después de la firma del contrato hipotecario, y fija la necesidad de imponer límites al cobro de determinadas comisiones, compensaciones y retribuciones.

La norma europea deja a cada Estado miembro la decisión última sobre la mayoría de los aspectos que definen la configuración final y el alcance de esos derechos, obligaciones y limitaciones, por lo que desde el Ministerio de Economía se mostraron dispuestos a aprovechar la coyuntura para realizar cambios profundos e importantes en la Ley Hipotecaria. Finalmente parece que se impuso el  criterio del Ministerio de Justicia, que consideraba que no era el momento adecuado para emprender reformas de gran calado en este ámbito.

La ley incluye algunas novedades interesantes, entre las que se pueden destacar que fija condiciones más difíciles para desahuciar, que abarata los reembolsos anticipados de la hipoteca o que facilita el cambio de tipo variable a fijo.

Pero conforme han ido pasando los días y ha habido tiempo para analizar con más detenimiento el texto del Proyecto, han surgido las voces críticas, fundamentalmente entre asociaciones de consumidores y juristas expertos en la materia,  que denuncian que el Gobierno se ha plegado a los deseos de los bancos, haciendo meros retoques, que se limitan a incorporar la Directiva Europea, y que no dan una solución definitiva a los muchos problemas que ha generado la normativa hipotecaria que rige en nuestro país ni dan respuesta a las demandas de los consumidores.

Principales medidas que recoge la ley

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8 consejos si compra su vivienda sobre plano

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Comprar viviendas sobre plano es una práctica habitual que, a pesar de que desde hace muchos años está muy regulada, tiene ciertos riesgos, especialmente si no se toman las debidas precauciones.

Así lo demostró la llegada de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Muchas promotoras quebraron sin finalizar las viviendas que tenía proyectadas, dejando a muchos compradores sin su vivienda, y lo que es peor, sin el dinero que habían aportado, ya que tampoco se les devolvieron las cantidades entregadas a cuenta.

En este contexto, el Gobierno incluyó en la Ley 20/2015 de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, una modificación de la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que trata sobre la percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción de la vivienda.

La reforma, que entró en vigor el pasado 1 de enero, establece que los promotores que perciban cantidades anticipadas, incluidas las sociedades cooperativas y comunidades de propietarios, tendrán que garantizar, “desde la obtención de la licencia de edificación, la devolución de las cantidades entregadas , mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras” o “mediante aval solidario emitido por entidades de crédito”, como garantía en el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido para la entrega de la vivienda.

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