Servicios para Fincas

Te orientamos, protegemos, aconsejamos y acompañamos en la jungla inmobiliaria.

Ayudas para la instalación de ascensores

Ayudas-Ascensor-GVA

Ayudas para la instalación de ascensores en la Comunidad Valenciana en 2023.

España es uno de los países del mundo con mayor número de ascensores por habitante. Puede que el dato resulte sorprendente para muchos, pero tiene sentido, si tenemos en cuenta que somos un país en el que predomina la construcción vertical.

Sin embargo, a pesar de encontrarnos entre los países campeones en número de ascensores, se calcula que todavía hay más de un millón de edificaciones que carecen de ellos.

La razón es que, hasta finales de los años 70, principios de los 80 del siglo pasado, el ascensor era considerado un elemento de lujo, y solo se incluía en edificios destinados a personas con un mayor poder adquisitivo.

Además, y a pesar que poco a poco se convirtió en un elemento prácticamente indispensable en cualquier edificio en altura, todavía se siguió prescindiendo de ellos en construcciones que no superaran las dos o tres plantas.

Hoy en días esto es impensable, ya que, por razones de accesibilidad, la normativa obliga a la instalación de ascensores en cualquier edificio de obra nueva, pero todavía son muchos los edificios que no tienen ascensor, y miles las personas, especialmente mayores y personas con algún tipo de discapacidad, que viven prácticamente atrapadas en sus propias casas.

La solución, por supuesto, pasa por la instalación de uno, siempre que sea posible, pero no siempre todos los vecinos están dispuestos o tienen capacidad económica para asumir el coste de una obra que no es barata.

Con el objetivo de fomentar la mejora de la accesibilidad de los edificios, existen ayudas y subvenciones a su instalación, la mayoría de ellas gestionadas por las diferentes comunidades autónomas.

¿Es necesario el acuerdo de la comunidad de propietarios para instalar un ascensor?

Continuar leyendo
  309 Visitas

Cuando no es obligatorio pagar una derrama

No-derramas Cuándo no es obligatorio pagar una derrama aprobada

En qué casos puede un propietario negarse a pagar una derrama aprobada por la comunidad.

En prácticamente todas las comunidades de propietarios se paga mensualmente una cuota ordinaria con la que se hace frente a los gastos habituales, como son el pago de suministros, limpieza, mantenimiento etc.

Pero, a veces, se tiene que hacer frente a gastos no habituales, como puede ser una rehabilitación o una gran reparación inesperada. En esos casos, es necesario pedir a los propietarios que, durante un tiempo determinado, hagan una o varias aportaciones extraordinarias, que se sumarán a las cuotas ordinarias: las temidas derramas.  

Cómo se aprueba una derrama

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que las intervenciones y obras extraordinarias y los gastos que conllevan deben ser planteados y aprobados por la junta de propietarios, que establecerá la cuota extraordinaria para afrontar esos gastos.  

Para que pueda aprobarse una derrama, será necesario que se incluya su debate y aprobación en el orden del día de la junta de propietarios, que podrá ser convocada con carácter ordinario o extraordinario. En el caso de que no se haya incluido, no podrá discutirse ni aprobarse, salvo que todos los propietarios que asistan a la junta acuerden incluirlo dentro del orden del día.

La mayoría exigible para la aprobación de gastos extraordinarios varía en función de la actuación que vaya a sufragarse con la derrama, según establece el artículo 17 de la LPH. 

Hay que tener en cuenta que hay una serie de actuaciones que no es necesario que cuenten con la aprobación de la junta:

  • Las obras necesarias para el adecuado mantenimiento y el cumplimiento del deber de conservación del inmueble y sus instalaciones. Es decir, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal y cualquiera que sea ordenada por la Administración con el fin de hacer cumplir el deber legal de conservación.
  • Las obras y actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal, cuando sean requeridas por propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años, aunque en este caso, hay un límite a la cantidad que están obligados a asumir los propietarios del que hablaremos más adelante.

Pero incluso cuando se trata de obras urgentes, por ejemplo, la reparación de una tubería, es imprescindible, según establece el artículo 10.2 de la LHP, obtener el acuerdo de los propietarios “para distribuir la derrama pertinente”.

Además, tal y como explicamos en el artículo que dedicamos a explicar cómo se decide en una comunidad de vecinos cuándo una reparación es necesaria o de mejora, en muchos casos será la propia junta de propietarios la que decida si una obra es necesaria o solo de mejora.

Por lo tanto, salvo en el caso de las obras urgentes, lo normal es que la realización de las obras o actuaciones de incluya en el orden del día de una junta de propietarios, y que sea allí donde se discuta la realización de estas intervenciones, se apruebe el presupuesto, si procede, y cómo se realizarán esos pagos extraordinarios.

En qué casos un propietario se puede negar a pagar una derrama

Solo en dos casos un propietario puede negarse a pagar una derrama aprobada por la junta de propietarios, siempre que haya votado en contra en la junta de propietarios o haya expresado su oposición, si no estuvo presente, en el plazo de 30 días naturales desde la recepción del acta de la junta, mediante comunicación a la persona que ejerza las funciones de secretario, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción.

Los dos casos son los siguientes:

  • Acuerdos relativos a la instalación de infraestructuras comunes para el acceso o adaptación a los servicios de telecomunicación, para la instalación de sistemas de aprovechamiento de energías renovables o para instalar infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos.
  • Acuerdos relativos a la realización de innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, si el importe de la derrama es superior a tres mensualidades de gastos ordinarios.

Además, en el caso de las obras de accesibilidad, si no han sido aprobadas por la mayoría de los propietarios que representan la mayoría de las cuotas de participación, solo será obligatorio sufragar el equivalente a doce mensualidades de gastos comunes, descontadas las ayudas o subvenciones del Gobierno, salvo que estas ayudas cubran el 75% del coste de la obra.

En el caso de que no sea así y que el coste de la obra de accesibilidad supere esas 12 mensualidades, cualquier propietario podrá negarse a abonar ese coste adicional, que tendría que ser asumido por aquellos propietarios que sí que están de acuerdo con la realización de la obra.

Continuar leyendo
  173 Visitas

Zona de bajas emisiones, ¿que és?

Zona-de-bajas-emisiones

Qué es una zona de bajas emisiones

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre las restricciones al tráfico para combatir la contaminación en ciudades como Madrid o Barcelona y la implantación de sus Zonas de Baja Emisiones (ZBE). Y aunque, de entrada, a todos los que no vivimos en esas grandes urbes o en sus áreas metropolitanas esas informaciones nos han podido resultar un poco ajenas, la verdad es que pronto restricciones similares se pondrán en marcha en ciudades como Elche, Orihuela, Torrevieja, Murcia o Alicante, por citar las que tenemos más cerca.

Así lo ordena la Ley de Cambio Climático y Transición energética, aprobada en 2021, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes, a aquellos de 20.000 que superen determinados niveles de contaminación y a territorios insulares a crear áreas de circulación restringida para vehículos contaminantes, las denominadas Zonas de Bajas Emisiones.

Esto significa que, en breve, un porcentaje muy importante de la población de nuestro país residirá en una localidad en las que exista una ZBE o muy cerca de una, lo que sin duda afectará a cómo nos desplazamos.

A pesar de ello, según un estudio realizado por la compañía de gestión de flotas y movilidad corporativa Alphabet, cerca de la mitad de los españoles desconocen qué son las ZBE. 

Por eso, aunque se sale un poco de los asuntos que solemos tratar en este blog, hemos pensado que era interesante dedicar este espacio a explicar qué es una ZBE, y cómo puede afectar a las personas que viven en una localidad obligada a establecer un área de estas características o que se desplazan habitualmente a ella.

Legislación sobre Zonas de Bajas Emisiones

Continuar leyendo
  240 Visitas

Obligaciones legales y fiscales del alquiler vacacional

Alquiler-turistico-obligaciones-legales

Obligaciones legales y fiscales del alquiler vacacional en la Comunidad Valenciana para particulares

El alquiler turístico o vacacional está definitivamente en el punto de mira de las autoridades. Mientras que Hacienda se preocupa y se ocupa con enorme interés por poner fin al alquiler sumergido, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, alarmados por el incremento sin control de este tipo de arrendamientos, han optado por aprobar normativas destinadas a regular y poner límites a un sector que en los últimos años no ha dejado de crecer.

Desde el punto de vista fiscal, las obligaciones poco o nada han variado en los últimos años, pero sí que ha aumentado el control que sobre los alquileres realizan las autoridades, lo que pone cada vez más difíciles las cosas a aquellos que se sienten tentados por la idea de no declarar sus ingresos por este concepto.

Desde enero de 2019, las plataformas como Airbnb, Booking o Homeaway tienen la obligación de recopilar los datos fiscales de anfitriones y usuarios para compartirlos con Hacienda. De esta manera, la Agencia Tributaria contará con todos los datos sobre los alquileres realizados y los ingresos obtenidos a través de ellos, lo que, sin duda, dificulta el fraude fiscal en el alquiler turístico.

Los datos que tendrán que compartir las plataformas con Hacienda son los siguientes:

  • Identificación del titular de la vivienda.
  • Identificación del cedente o cedentes (el anfitrión u anfitriones), de no tratarse del propietario del inmueble.
  • Identificación de los huéspedes (cesionarios).
  • Identificación del inmueble: dirección completa, incluida la referencia catastral.
  • Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.
  • Importe percibido por el anfitrión.
  • Fecha de inicio de la reserva.

En el caso de los alquileres realizados fuera de este tipo de plataformas, las cosas están un poco más difíciles para las autoridades fiscales, pero se han reforzado los mecanismos de control, lo que incluye realizar un seguimiento de los anuncios de alquiler publicados en las diferentes páginas especializadas.

Donde sí ha habido cambios, en algunos casos de notable importancia, es en las obligaciones legales que tienen que afrontar los propietarios que se deciden a alquilar su vivienda con fines turísticos.

Ayuntamientos y Comunidades Autónomas han ido aprobando nuevas normativas que tratan de poner coto al crecimiento del sector, un crecimiento que está trasformando el sector de la vivienda, fundamentalmente en grandes ciudades y zonas de costa, pero también de garantizar que la oferta turística cumpla unos estándares de seguridad y calidad.

Legislación alquiler turístico en la Comunidad Valenciana

Continuar leyendo
  418 Visitas

Otras garantías en el alquiler de vivienda

garantias-para-alquiler

Las garantías adicionales a la fianza que se pueden presentar cuando se alquila una vivienda y sus características

Como vimos en nuestro artículo dedicado a las garantías de pago del contrato de arrendamiento, además de la tradicional fianza, que es obligatoria y ha de equivaler a una mensualidad de la renta, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite al arrendador exigir garantías adicionales, como avales bancarios o depósitos de garantía, entre otros. Sobre todas ellas y sus características hablaremos a continuación.

En primer lugar, y antes de entrar en materia hay que recordar que la LAU limita el valor de estas garantías adicionales a dos mensualidades de la renta, de manera que, si se suman a la fianza, el valor máximo de las garantías que se pueden exigir en los arrendamientos de vivienda son tres mensualidades.

Además, también es necesario tener en cuenta que, si se pacta la existencia de una garantía adicional, debe figurar en el contrato diferenciada de la fianza.

Por último, mientras que la fianza, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, se tiene que depositar en un organismo público, las garantías adicionales se entregan al propietario de la vivienda, que se convierte así en receptor, depositario y responsable de su devolución en el caso de que una vez finalizado el contrato de arrendamiento no se haya cometido ningún incumplimiento de las cláusulas acordadas.

Y ahora sí, veamos los diferentes tipos de garantías adicionales y sus características.

Continuar leyendo
  372 Visitas

Al aceptar, accederá a un servicio proporcionado por un tercero externo a https://www.serviciosfincas.com/